El Dirigente Nacional de la Unión Campesina Democrática (UCD) José Durán Vera presentó 9 propuestas relacionadas con el campo mexicano para integrar el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que convocó la presidenta de la República Dra. Claudia Sheinbaum Pardo para el periodo 2025-2030, foro que se realizó el pasado sábado 11 de enero en el museo de la Cuidad de México.
En tanto, el dirigente estatal de la UCD José Isabel Juárez Torres manifestó que son grandes las aportaciones que realizó el dirigente nacional de esta agrupación campesina para que tengan luz los funcionarios federales del Campo y para que nuestros hermanos y hermanas del Campo tengan seguridad en sus tierras!
A continuación presento los nueve puntos de el PND 2025-2030
FORO DE CONSULTA: LOS EJIDOS Y LAS COMUNIDADES AGRARIAS EN EL
SEGUNDO PISO DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN, RESCATE, DEFENSA
Y REVALORIZACIÓN.
SEDE CIUDAD DE MÉXICO A 13 DE ENERO DE 2025
MESA I
La historia de los seres humanos está vinculada a la tierra, por que este
medio de producción ha sido y sigue siendo la fuente principal de riqueza
social y recursos naturales para la supervivencia de la especie. Permitir la
explotación ilegal de bosques, selvas, aguas y recursos minerales no
metálicos, reducir la superficie de la propiedad social y el rendimiento del
trabajo y el progreso técnico de la agricultura, está dañando el sistema
social y económico en su totalidad, pues la disminución de la superficie
cultivable pone en riesgo la reproducción de las clases trabajadoras en su
conjunto.
A nadie en su sano juicio, le conviene el debilitamiento del ejido y la
comunidad o la desaparición de la economía campesina y su aportación
al desarrollo nacional, por lo que el país no puede seguir sacrificando a este
sector.
Después de la reforma Salinista del artículo 27 constitucional en 1992, el ejido
y la comunidad persisten pero dejaron de ser instituciones prioritarias y fueron
en consecuencia relegadas, esta reforma propició las condiciones para
convertir a la tierra social en una mercancía más y creó los mecanismos en
la Ley agraria para un proceso de privatización, no obstante los 32,251 ejidos
y comunidades siguen siendo dueños de 99,593,670 has, esto es alrededor
del 51% de nuestro país.
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Conocemos el origen y desarrollo de los problemas campesinos actuales por
tanto tenemos los elementos necesarios y suficientes para resolverlos. Sin
embargo, los gobiernos de izquierda que debieran tener vocación agrarista
se han tardado en enfrentar el asunto de la estructura agraria de manera
decidida.
Las diversas crisis económicas y sociales han rebatido el mito neoliberal de
la posibilidad de desarrollo con la supuesta “libertad” de los campesinos
para decidir la forma de propiedad de sus parcelas, por lo que actualmente
la transformación de la sociedad no puede ser solamente moral y a través
de humanizar la vida social, pues corremos el riesgo de plantear propósitos
utópicos al margen de la lucha real contra el dominio de los nuevos
terratenientes y la empresa transnacional, en consecuencia la clase
campesina debe consolidar su posición en la sociedad como propietarios
sociales de la tierra y su papel como trabajadores en la producción de los
alimentos para el país. El campesino por tanto, debe pasar de productor
individual de mercancías para convertirse en protagonista esencial de la
economía social y solidaria productora de alimentos a través del ejido y la
comunidad.
En consecuencia, los objetivos de una Política Agraria de Estado en la
presente administración en su relación con el campo debe basarse en la
protección y el reconocimiento pleno de la propiedad social, de sus
mecanismos de representación interna y el derecho a la organización
gremial.
Atentos a los principios anteriores, las acciones a impulsar desde el sector
agrario debieran ser las siguientes:
1.- Se debe impulsar la modificación al artículo 27 constitucional
incorporando el aprovechamiento de los recursos minerales no metálicos
del subsuelo a favor del ejido y la comunidad, además de definir con
claridad el principio del consumo de agua como derecho humano y para
la producción de alimentos agropecuarios.
2.- Para la protección y el desarrollo de la propiedad social es
impostergable la reforma a la Ley Agraria, con el objetivo de incorporar al
texto vigente de esta ley los criterios jurisprudenciales que ha generado la
SCJN respecto de temas poco claros o no previstos en la Ley, especialmente
para evitar el abuso en el mecanismo de cesión de derechos agrarios y la
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adopción del dominio pleno. Se habrá de reformar también lo relativo a las
figuras de avecindado y posesionario, estipulando claramente sus
derechos y obligaciones respecto del ejido, se debe iniciar además el
debate respecto a la indivisibilidad de la parcela ejidal, consolidándola
como patrimonio familiar y no como un derecho agrario individual. Resulta
inaplazable además la expedición del código de procedimientos agrarios o
la incorporación de un libro segundo de la Ley Agraria con el propósito de
contar con disposiciones adjetivas que rijan el procedimiento del juicio
agrario.
3.- Se debe honrar por todas las instituciones del sector agrario el
compromiso en campaña de la Dra. Claudia Sheinbaum del 10 de abril del
año pasado en Chinameca Morelos, consistente en abatir el rezago agrario.
SEDATU, PA y RAN deben adecuar sus planes y programas para resolver los
conflictos que aun persisten por sobreposición de planos, demandas de
ejecución complementaria de Res. Pres y expropiaciones por supuesta
causa de utilidad pública, sin publicación ni ejecución de decretos
expropiatorios, esto es sin apego a la legalidad, la regularización a favor de
los legítimos ocupantes de terrenos nacionales en proceso de titulación así
como la resolución de la ambigüedad jurídica que guardan las colonias
agrícolas y ganaderas.
Revisemos también con voluntad de justicia: – concesiones mineras, – servidumbres legales de hidrocarburos, – limitación a la propiedad social por declaratoria de Áreas Naturales
Protegidas – la acción de la delincuencia contra la clase campesina que genera
el robo violento de la tierra, de las cosechas y de los recursos
naturales, atentando además contra la seguridad y la vida de
dirigentes campesinos.
4.- La Procuraduría Agraria, debe retomar el cumplimiento de sus
atribuciones constitucionales y legales, (la representación y asesoría legal en
juicio a los sujetos agrarios, la vigilancia del cumplimiento de la ley y la
resolución urgente de innumerables conflictos agrarios que conllevan
invasión de tierras, despojo, asesinatos y delitos diversos del orden común y
federal con los medios alternativos que establece la convencionalidad
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adoptada por México en materia de Derechos Humanos y lo establecido
en la Ley de mecanismos alternativos de solución de controversias,
publicada en el DOF el 13 de febrero de 2024), para lo anterior es relevante
que el sector agrario cuente con la suficiencia presupuestal para cumplir
con estos cometidos,
Es ineludible por lo demás la desectorización y dependencia de la SEDATU
para su plena autonomía y su carácter de Ombudsman agrario.
5.- Por su parte el RAN, debe eliminar de inmediato las imprecisiones y
diversidad de criterios
registrales en las representaciones estatales,
estableciendo con claridad regulaciones estandarizadas para el ejercicio
de su función, sin pretender calificar o estar por encima de los que son
materia de sentencia por los tribunales agrarios y desde luego debe
erradicar por completo la corrupción en el cumplimiento de los 52 servicios
que presta, para cumplir con sus atribuciones de registro, resguardo y control
de todos los documentos que amparan los derechos individuales y
colectivos en la propiedad social.
6.- Para la reorganización interna del ejido y la comunidad se debe iniciar
con la convocatoria institucional para la actualización de todos y cada uno
de sus reglamentos internos, iniciar una campaña seria e incluyente para la
depuración y actualización de los padrones vigentes de cada núcleo
agrario, la capacitación respecto del marco jurídico secundario a los
comisariados ejidales y de bienes comunales así como a sus órganos de
vigilancia.
Con base en lo anterior, iniciar un proceso de transmisión
ordenada de derechos agrarios complementaria de la voluntad del titular
para el recambio generacional y el empoderamiento de la mujer
campesina con el propósito de arraigar a mujeres y hombres jóvenes que
asuman conscientemente el compromiso de trabajar productiva y
personalmente la tierra y no de venderla.
7.- Para la vigilancia y el cumplimiento de las políticas publicas en un Plan
Nacional de Desarrollo verdaderamente participativo, se debe conformar
una Contraloría Social como foro de queja, denuncia y participación
permanente de los campesinos y sus legítimas organizaciones sociales y
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económicas que sea el vehículo para la corrección de comportamientos
irregulares o corruptos y con ello el empoderamiento de la clase campesina
como la fuerza motriz más relevante de la sociedad rural.
Esta Contraloría Social deberá estar atenta también a que los funcionarios
tengan los conocimientos, la trayectoria y el compromiso institucional
necesarios para los propósitos aquí expuestos.
8.- Respecto a la Justicia agraria, tenemos un problema de fondo, con
diversas situaciones y requiere la formulación de una nueva oferta a la
sociedad rural:
un cambio de perspectiva en la calidad de la
administración de justicia que responda a una lógica de gobernanza con
visión tutelar y la actualización de un marco jurídico que la sostenga.
Prácticamente es necesario la evaluación y en su caso el relevo de algunos
magistrados y funcionarios adscritos a los tribunales agrarios sobre todo
Unitarios
que conforman élites que sesgan el sentido de la justicia social.
De igual importancia es impulsar la creación del Consejo de la Judicatura
Agraria, en el que participen expertos juristas designados por el Senado con
el objetivo de un funcionamiento honesto y eficaz de toda la estructura de
los tribunales agrarios.
9.- El diseño, el cumplimiento y la evaluación de un Plan Nacional de
Desarrollo construido de manera participativa serán condiciones iniciales
para lograr la paz, la estabilidad y la armonía del campo mexicano.
ING. JOSÉ DURAN VERA
COORDINADOR NACIONAL DE LA UNIÓN CAMPESINA DEMOCRÁTICA
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