Por Miguel Hernández
El dirigente estatal del Congreso Agrario Permanente (CAP) Sergio Sarmiento convocó a las diferentes organizaciones campesinas del estado de Tlaxcala a participar en el Foro Regional en Huamantla, que se llevará a cabo el próximo 27 de septiembre, a las 09:00 horas en la Casa Ejidal, cuyo objetivo es pedir a los legisladores federales revertir el Artículo 27 Constitucional, que fue aprobado en el periodo de Carlos Salinas de Gortari.
En pasada conferencia de prensa, Sergio Sarmiento manifestó que actualmente hay grandes acaparadores de tierras para proyectos inmobiliarios, dejando a los campesinos en la miseria y sin posibilidades de desarrollo social.
Por lo que exhortó a los diputados de las Legislaturas federal y estatal revertir el Artículo 27 de la Constitución y regresarlo al espíritu de Lázaro Cárdenas, ya que la modificación que hizo Carlos Salinas de Gortari en 1992 fue para entregar las tierras al mercado nacional e internacional dejando a los campesinos nuevamente en la miseria.
Sarmiento Rodríguez dijo que es urgente ofrecer al principal segmento de los propietarios rurales una salida que no sea la privatización de sus tierras en pleno dominio para la venta a terceros, en su mayor parte con propósitos inmobiliarios o para su uso como activos de portafolio, falsa salida que a muchos a la postre los deja de nuevo en la pobreza, pero ahora sin recursos.
También propone una Ley Agraria Estatal, que los tribunales agrarios se incorporen al sistema ejidal, pugnar por un Código de Procedimientos Agrarios y que el ejido sea un patrimonio familiar. Pues denunció públicamente que a pesar de la llegada de la 4T a los gobiernos federal y estatal, hay funcionarios que laboran en la Procuraduría Agraria y en el Registro Agrario Nacional (RAN), que pertenecen al viejo régimen tanto del PRI como del PAN y son los responsables de que sigan las políticas de privatización de las tierras ejidales en perjuicio de las familias campesinas.
Recordó que en 1992, una vez promulgada la reforma al artículo 27 Constitucional, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari dio un giro en materia de política rural que implicó la desincorporación y desmantelamiento de infinidad de organismos públicos dedicados al fomento del desarrollo rural, al desmontaje de las estructuras económicas campesinas de primero, segundo y tercer nivel (unión de ejidos y de comunidades, sociedad de productores rurales, unión de sociedades de producción rural, asociaciones rurales de interés colectivo) que aglutinaban a numerosos ejidos y comunidades a lo que se ha orientado hacia las consecuencias de un proyecto concreto de desarrollo, sustentado teóricamente en la “apropiación de procesos productivos, agropecuarios”, mismos que quedó trunco con el cambio de política.
Abundó que la creación del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), la transformación de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) en Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC), formaron parte de la estrategia que consumó las políticas públicas privatizadoras, y ya no consideraron a las organizaciones económicas campesinas como actores centrales del desarrollo y sujetos preferentes de los programas y acciones estatales. A partir de ahí, los recursos destinados al campo dejaron de canalizar a través de éstas para usar como conducto los fondos de sociedad (regionales, estatales, municipales, comunidades), como consecuencia, la amplia red organizativa construida durante las dos décadas anteriores se desplomó abruptamente. Con ello quedó claro que la modificación del régimen legal de los ejidos y comunidades no tuvo la intención de adecuar su papel en función de las necesidades de la apropiación del proceso productivo, sino de acondicionar su marco jurídico para la incorporación de las superficies ajidales y comunidades a los mercados inmobiliarios.
Desde entonces, recuerda Sergio Sarmiento, los ejidos y comunidades andan a la deriva y sin proyecto de ninguna especie que les estimule a organizarse, ni oferta institucional que les convoque a recuperar la fe en las estructuras organizativas, con lo cual el asociacionismo agrario perdió gran parte de su sentido. Semejante situación se toma alarmante, ya que no se puede pasar por alto que la propiedad ejidal y comunal sigue cubriendo cerca del cincuenta por ciento del territorio nacional y que los núcleos agrarios albergan a casi una cuarta parte de su población. De suerte que el futuro del campo continúa indiscutiblemente ligado al futuro de los ejidos y de las comunidades, expuso el líder campesino.
Subrayó que las reformas al Artículo 27 Constitucional desencadenaron un intenso proceso de desgaste agrario, a cuya luz los ejidos y comunidades dejaron de ser contemplados como unidades económicas de producción y consumo para pasar a ser vistos como objetos del mercado nacional y extranjero.
Por lo que convoca a los campesinos y diferentes organizaciones sociales al Foro Regional para que juntos, tomen acuerdos en este importante tema.
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