Entregó CAP Tlaxcala iniciativa de Ley al Congreso local para modificar el Artículo 27 de la Constitución

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El dirigente estatal del Congreso Agrario Permanente (CAP) Sergio Sarmiento Rodríguez, entregó en Oficialía de Partes de la Cámara de Diputados local, la iniciativa para reformar el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de regresar el espíritu de la Revolución mexicana de 1917 y echar abajo la reforma salinista de 1992.

Luego que la semana pasada, Asociación Nacional de Campesinos e Indígenas presentó a la Cámara de Diputados federal la iniciativa de Reforma del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla regresar el espíritu de 1917, es decir, regresar la tenencia de la tierra a los campesinos, ejidatarios, comuneros, devolverle el espíritu de la Revolución Mexicana y echar abajo la reforma que hizo el expresidente de México Carlos Salinas de Gortari, que pone al ejido al servicio de las leyes del mercado para que se pueda privatizar.

Luego de entrevistarse con la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la diputada Maribel León Cruz, el presidente estatal del CAP, acompañado de dirigentes de otras organizaciones campesinas, informó que a nivel nacional se está haciendo en todos los estados a fin de que se derogue la reforma salinista y devolver el espíritu del Artículo 27 Constitucional de 1917.

El objetivo es que los legisladores locales den entrada a esta propuesta para que pueda ser discutida, analizada y en su caso, aprobada, en el nuevo periodo legislativo.

Cabe señalar que el Artículo 27 Constitucional de 1917 establecía que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación,

En 1992 Salinas de Gortari envió una iniciativa de Ley al Congreso de la Unión para modificarlo, rompiendo los fundamentos revolucionarios de la redistribución de la tierra entre campesinos y ejidatarios, de tal suerte que esta política económica permitió la privatización de la tierra y la inversión privada en el sector agrícola, lo que llevó a la pérdida de derechos de los ejidatarios y comuneros.